Madrid, 15 de marzo del 2018. Como colofón del intenso trabajo del Consejo de Dentistas de España, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado ha aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular y transaccionada por el Grupo Socialista para instar al Gobierno de España a que coordine, armonice, actualice y adapte a las nuevas tecnologías de la información toda la legislación en materia de publicidad de centros y establecimientos de servicios sanitarios, así como de medicamentos y productos sanitarios.

Este mandato del Senado deberá llevarse a efecto “en colaboración con las Comunidades Autónomas a través del Consejo Interterritorial”, según dicta la propia moción, que también pide la creación de un órgano que vele por el cumplimiento de un código de buenas prácticas en materia de publicidad sanitaria “dirigido a la población”.

La moción también reclama que se adopten medidas para evitar la incentivación mercantil del consumo de servicios vinculados a la salud utilizando para ello precios y/o descuentos en los tratamientos o personajes famosos, al mismo tiempo que solicita impulsar las medidas necesarias para que los profesionales no vean conculcados sus derechos laborales y lleven a cabo su ejercicio profesional “con la debida autonomía que la legislación ampara para proteger la salud de los ciudadanos”.

Todos los Grupos Parlamentarios se han mostrado a favor de esta moción y así lo han mostrado los respectivos portavoces en el transcurso de la Comisión de Sanidad.

El Grupo Parlamentario Vasco ha recordado en su intervención que la salud bucodental debe entrar a formar parte de la sanidad pública, que actualmente incluye escasas prestaciones, y por este motivo su portavoz, Nerea Ahedo, ha defendido el derecho a universalizar la atención dental, al mismo tiempo que ha recordado la intervención del presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro Reino, en el Congreso de los Diputados en 2015, en la que ofreció la “plena colaboración” de los profesionales para que se adopten todas las medidas necesarias para proteger “los derechos y la salud de la población”.

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