De un día para otro, en enero de 2016, las nueve clínicas Funnydent (situadas en Madrid y Barcelona) amanecieron cerradas. Su dueño, Cristóbal López Vivar, se fugaba dejando tirados tanto a los trabajadores como a los pacientes, algunos con tratamientos financiados de hasta 12.000 euros.
El empresario fue detenido y un año después la sentencia desestimó la estafa pero confirmó la “pésima gestión del negocio” que había efectuado y que administró “sin control adecuado de su volumen de gastos e ingresos”.
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